Lunes, 24 Julio 2017 08:55

LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA DE DECLARAR DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN DE UN CRÉDITO FISCAL, NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del 07 de junio de 2017, aprobó la Jurisprudencia por Contradicción de tesis 404/2016 interpretando que la omisión de la autoridad tributaria de declarar de oficio la prescripción de un crédito fiscal no constituye una resolución definitiva; y, por lo tanto, no es procedente un juicio de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

 

En efecto, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa establece la competencia de dicho órgano, destacando entre los supuestos de procedencia del juicio, que se trate de resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, como pudieran ser, entre otras, las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos en las que se determine la existencia de una obligación fiscal, las que impongan multas por infracciones a normas administrativas federales o las que causen un agravio en materia fiscal.

 

La Tesis referida es la siguiente:

Época: Décima Época

Registro: 2014702

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Publicación: viernes 07 de julio de 2017 10:14 h

Materia(s): (Administrativa)

Tesis: 2a./J. 80/2017 (10a.)

 

PRESCRIPCIÓN DE UN CRÉDITO FISCAL. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA DE DECLARARLA DE OFICIO, NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

 

El artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa establece la competencia de dicho órgano, destacando entre los supuestos de procedencia del juicio, que se trate de resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, como pudieran ser, entre otras, las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos en las que se determine la existencia de una obligación fiscal, las que impongan multas por infracciones a normas administrativas federales o las que causen un agravio en materia fiscal. En ese contexto, la omisión de la autoridad tributaria de declarar de oficio la prescripción de un crédito fiscal no constituye una resolución definitiva, en virtud de que el contribuyente que afirma que aquélla ha operado a su favor, no ha solicitado ante la autoridad administrativa que la declare ni, por ende, existe un acto u omisión de ésta que pueda reputarse como una afirmativa ficta, ni se actualiza agravio alguno en materia fiscal que actualice la procedencia del juicio, sin que ello implique un menoscabo al derecho del contribuyente de plantear aquella situación liberatoria, vía excepción, ante la pretensión de la autoridad de hacer efectivos los créditos fiscales. Esta conclusión es congruente con el derecho de acceso a la justicia, el cual no tiene el alcance de que se actúe sin observancia de los requisitos formales previstos por el legislador.

 

SEGUNDA SALA

Tesis de jurisprudencia 80/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de junio de dos mil diecisiete.

 

Esta tesis se publicó el viernes 07 de julio de 2017 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de julio de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

 

Referida a la prescripción, existe una valiosa Jurisprudencia del 2011 dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es de particular importancia pues fija un criterio favorable a los contribuyentes que algunas veces se ven involucrados en acciones de cobro intentadas por autoridades fiscales por créditos que corresponden a períodos ya prescritos; pero que, por cualquier razón, el contribuyente no opuso la defensa correspondiente dentro de los plazos legales y, en consecuencia, las autoridades fiscales inician el procedimiento económico coativo, ante el cual, con el criterio de la SCJN, pueden hacer valer la figura jurídica de la prescripción, aun cuando no hubiera impugnado la primera acción de cobro.

 

Aunque ya fue tema de un boletín nuestro en el 2011, consideramos valioso volver a reproducir parte de los considerandos de nuestro máximo tribunal de justicia que lo llevó a concluir con la Jurisprudencia reproducida en la parte final"

 

"NORMAS FUNDAMENTALES SOBRE LA PRESCRIPCIÓN.

Conforme al artículo 146 del Código Fiscal de la Federación vigente antes y después de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de junio de dos mil seis, se advierte, lo siguiente:

  • El crédito fiscal se extingue por prescripción en el plazo de cinco años.
  • El término para que se actualice la figura jurídica de la prescripción (cinco años) comienza a correr a partir de la fecha en que el pago del crédito fiscal pudo ser legalmente exigido, y se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos.
  • El plazo para que opere la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto a la existencia del crédito.
  • Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del conocimiento del deudor; de donde deriva que el plazo para que se configure la prescripción puede interrumpirse por dos motivos, a saber:

o      Por la gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor; y,

o    Por el reconocimiento expreso o tácito del contribuyente deudor respecto de la existencia del crédito.

  • Asimismo, el legislador a través de la reforma referida otorgó facultades a la autoridad recaudadora para que, de oficio, declare la prescripción de un crédito fiscal o a petición del contribuyente, cuando advierta que se consumó el plazo de cinco años con que contaba para hacerlo exigible. 

LA PRESCRIPCIÓN SE INICIA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL CRÉDITO PUDO SER LEGALMENTE EXIGIDO.

En consecuencia, del artículo mencionado se deduce, que el crédito fiscal se extingue por prescripción en el plazo de cinco años y que éste se inicia a partir de la fecha en que su pago pudo ser legalmente exigido, pues constituye una sanción en contra de la autoridad hacendaria por su inactividad, derivada de no ejercer su facultad económico coactiva, de modo que bajo esta óptica, para la prescripción de un crédito fiscal, sólo se requiere que hayan transcurrido cinco años de forma ininterrumpida, sin que exista gestión de cobro por parte de la autoridad.

 

En esos términos, de una correcta interpretación del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación se colige que basta que se haya consumado el plazo de cinco años para que se actualice la prescripción del crédito fiscal, aun cuando el deudor no hubiera impugnado un acto de ejecución realizado por la autoridad con posterioridad en que se consumó dicho plazo, es decir, el acto de cobro posterior no puede tener como efecto interrumpir un lapso que ya se ha extinguido, ni implica una renuncia tácita al plazo de prescripción consumado, pues, como se anticipó, la prescripción constituye una sanción en contra de la autoridad hacendaria por su inactividad derivada de no ejercer su facultad económico coactiva dentro del plazo que le otorga la ley para hacerlo (cinco años).

Esto es, el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación contiene una norma de carácter sustantivo, pues prevé la extinción de los créditos fiscales por el transcurso del tiempo (cinco años), por lo que no es factible jurídicamente interrumpir el plazo de la prescripción en los casos en los que ya hubiera transcurrido dicho plazo, y la autoridad exactora lleve a cabo con posterioridad una gestión de cobro del crédito fiscal, que no sea impugnada por el contribuyente, dado que no se puede interrumpir un lapso que ya se extinguió.

 

EL HECHO DE NO IMPUGNAR UNA GESTIÓN DE COBRO DE LA AUTORIDAD HACENDARIA CON POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE CONSUMÓ LA PRESCRIPCIÓN, NO IMPLICA QUE ÉSTA SE PERDIÓ COMO DERECHO DEL CONTRIBUYENTE.

El hecho de que el deudor no hubiera impugnado la gestión de cobro realizada por la autoridad con posterioridad en que se consumó el plazo de la prescripción, no implica la pérdida para hacer valer en vía de acción o de excepción la actualización de la prescripción, ya que por mandato legal la prescripción opera con el solo transcurso del lapso de cinco años, sin que se prevea que los actos de cobro posteriores a que se consumó la prescripción, y que no hubieran sido impugnados, tengan como efecto una renuncia tácita al plazo de prescripción consumado, es decir, transcurrido el plazo de la prescripción no existe posibilidad alguna de interrumpir dicho plazo y, por ende, reanudar el referido plazo, pues no puede interrumpirse algo que se ha extinguido.

Sostener lo contrario implicaría desvirtuar el sentido y finalidad perseguida por el legislador al establecer la figura de la prescripción, que es dar seguridad jurídica a los contribuyentes respecto de su situación fiscal, mediante el establecimiento de un plazo que limita el ejercicio de la facultad de cobro, con lo cual se evita que el crédito fiscal permanezca indefinido en el tiempo y que afecta la seguridad jurídica y económica de los particulares; además, el legislador estableció de manera excepcional y específica en qué casos y en qué condiciones se interrumpe el plazo de la prescripción.

Consecuentemente, si en los casos en los que se ha consumado el plazo de la prescripción la autoridad exactora lleva a cabo con posterioridad una gestión de cobro del crédito fiscal, que no sea impugnada por el contribuyente, no es válido estimar que tal acto de cobro tenga como efecto interrumpir un lapso que ya se había extinguido.

Por otra parte, la falta de impugnación por parte del contribuyente de la gestión de cobro realizada por la autoridad con posterioridad en que se consumó el plazo de la prescripción, no implica la pérdida del derecho que tiene para solicitar la declaratoria de prescripción de los créditos fiscales a la autoridad hacendaria, en los términos del último párrafo del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, la que, incluso, podrá realizarse, de oficio, por la autoridad recaudadora cuando advierta que se ha consumado el plazo de cinco años con que contaba para hacer exigible el crédito fiscal, o bien, hacerla valer como excepción en los recursos administrativos, ya que la prescripción es una institución de derecho sustantivo como medio legal para la extinción de las obligaciones ante el fisco federal y los créditos a favor de éste, por el solo transcurso del tiempo (cinco años).

 

LA PRESCRIPCIÓN CONSTITUYE UNA SANCIÓN EN CONTRA DE LA AUTORIDAD HACENDARIA.

La prescripción constituye una sanción en contra de la autoridad hacendaria por su inactividad derivada de no ejercer su facultad económica coactiva, de modo que bajo esta tesitura, una vez consumado el plazo de la prescripción, el contribuyente podrá hacer valer la prescripción, vía acción, ante las propias autoridades fiscales cuando no se ha cobrado el crédito, o vía excepción, cuando se pretenda cobrar, a través de los medios de defensa correspondientes, aun cuando la autoridad con posterioridad en que se consumó el plazo de la prescripción haya realizado un acto de cobro y éste no haya sido impugnado por el deudor, ya que la prescripción no se encuentra condicionada a que el contribuyente impugne las gestiones de cobro realizadas con posterioridad en que se consumó el plazo referido; sostener lo contrario, sería letra muerta lo establecido por el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, que regula la extinción de los créditos fiscales por el solo transcurso de determinado tiempo (cinco años), pues la autoridad indefinidamente llevaría a cabo actos de cobro, sin importar que ya hubiera operado la prescripción, lo cual es inadmisible, dado que atentaría los principios de seguridad y certeza jurídica que inspiraron al legislador, al establecer la institución de la prescripción.

La gestión de cobro realizada por la autoridad con posterioridad en que se consumó el plazo de la prescripción únicamente pone de manifiesto que la autoridad actuó en contravención a lo dispuesto por el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, que regula la prescripción de los créditos fiscales por el transcurso del lapso de cinco años contados a partir del momento en que se hizo exigible su cobro. La consecuencia de la inactividad de la autoridad por no ejercer su facultad de cobro dentro del término establecido, que se traduce en la extinción del crédito fiscal, debe soportarlo el Estado y no el deudor".

 

TEXTO DE LA JURISPRUDENCIA.

La Tesis de jurisprudencia 150/2011 fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a Septiembre de 2011 y se reproduce enseguida:

Registro No. 161028

Localización: Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXIV, Septiembre de 2011, Página: 1412

Tesis: 2a./J. 150/2011, Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

 

PRESCRIPCIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. EL REQUERIMIENTO DE PAGO REALIZADO CON POSTERIORIDAD A QUE SE CONSUMÓ EL PLAZO PARA QUE SE ACTUALICE AQUÉLLA NO LO INTERRUMPE. De la interpretación del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación se colige que basta con que haya transcurrido el plazo de 5 años para que se actualice la prescripción del crédito fiscal, aun cuando el deudor no hubiera impugnado un acto de ejecución realizado por la autoridad con posterioridad a que se consumó dicho plazo, es decir, el acto de cobro posterior no puede interrumpir un lapso extinguido, ni implica respecto al nuevo acto una renuncia tácita al plazo de prescripción consumado. Lo anterior es así, porque la prescripción constituye una sanción contra la autoridad hacendaria por su inactividad derivada de no ejercer su facultad económico coactiva, de modo que una vez fenecido el plazo para que opere, el contribuyente puede hacerla valer, vía acción ante las propias autoridades fiscales cuando no se ha cobrado el crédito, o vía excepción cuando se pretenda cobrar, a través de los medios de defensa correspondientes, aun cuando la autoridad con posterioridad a la consumación de dicho plazo haya realizado un acto de cobro y éste no lo haya impugnado el deudor, ya que la prescripción no está condicionada a que el contribuyente impugne las gestiones de cobro realizadas con posterioridad a la consumación del plazo referido; sostener lo contrario, provocaría que fuera letra muerta el citado artículo 146, pues la autoridad indefinidamente llevaría a cabo actos de cobro, sin importar que hubiera operado la prescripción, lo cual es inadmisible, dado que atentaría contra los principios de seguridad y certeza jurídica que inspiraron al legislador al establecer la institución de la prescripción.

Contradicción de tesis 261/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito. 17 de agosto de 2011. Cinco votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Aurelio Damián Magaña.

Tesis de jurisprudencia 150/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticuatro de agosto de dos mil once.

 

Esperamos que la información anterior le sea de utilidad.

Bañuelos y Salazar Asesores y Promotores, S. C.

Lic. Austreberto Bañuelos Correa.

Tel.: 681-2221 y 681-4764.

Av. Las Palmas 5190 Fraccionamiento Las Palmas

Tijuana, Baja California.